Luis Fuenmayor Toro /
La designación reciente de Eglée González Lobato como defensora del pueblo y de Larry Devoe como fiscal general, con una votación casi unánime de la Asamblea Nacional, lo que implicó un acuerdo gobierno/oposición, es un paso importantísimo en la necesaria despartidización del Poder Ciudadano, que como su nombre lo indica corresponde a la ciudadanía y no debe ser enajenado por ninguna parcialidad política, sin importar su condición de opositora u oficial. Bastante escribimos, durante el proceso de designación de estos funcionarios, que la defensoría del pueblo debería estar en manos de alguien sin conexiones políticas con el gobierno, pues su función era precisamente la defensa de los ciudadanos ante las posibles arbitrariedades del poder político. Eglée González Lobato es una persona seria, objetiva, luchadora democrática de años, conocedora del área, que elevará la defensa de los DDHH al nivel que le corresponde, muy por encima de la simple diatriba politiquera. Cumple entonces todos los requisitos.
Sobre el fiscal general dijimos que, como ocurre en las democracias del mundo occidental, al ser el brazo del Estado de garantía de la legalidad y de la acción penal, era clara y hasta necesaria su cercanía con la labor del Poder Ejecutivo, sin que esto significara convertir a la Fiscalía en un apéndice de aquél, ni mucho menos en la cueva del verdugo del régimen gobernante. No conozco al designado sino por referencias positivas de varios compañeros de trabajo y lucha; éstas y que haya logrado el apoyo mayoritario del sector opositor sensato, me dan esperanzas de que se desempeñará con la autonomía necesaria y la serenidad requerida en este cargo. A él y, por supuesto a Eglée, les manifiesto mis mejores deseos por su éxito en la labor que recién inician, pues en ello va también el éxito de nuestra nación en su intención de salir del grave atolladero en el que se encuentra. Quienes despotrican contra ambas designaciones se descubren ante todo el mundo: no les interesa que Venezuela salga de donde está, la quieren ahí o más hundida, pues eso favorece sus bastardos intereses.
Esta decisión de la Asamblea Nacional, la reciente designación de Ana María Sanjuán como ministra de educación universitaria, las medidas judiciales de liberar o terminar los juicios de miles de procesados políticos, la aprobación de la Ley de Amnistía, la nueva conducta asumida por el gobierno en la conducción de la Asamblea Nacional, las reuniones tenidas por los presidentes de la República y de la Asamblea con grupos opositores muy críticos pero sensatos (Una Venezuela Democrática, las iglesias, numerosas organizaciones femeninas opositoras, entre otras), las alocuciones públicas de la presidente encargada, caracterizadas por su sobriedad y concreción; la evidente disminución, aún insuficiente, de la represión policial, son claros indicadores de que la cúpula gubernamental dirige un proceso de cambios en función del rescate de la convivencia democrática y la paz, pese a la resistencia existente dentro del PSUV, en la fracción parlamentaria oficial y de la oposición insensata, violenta o parlamentaria.
Se trata de un proceso largo, difícil y de reconocimiento precario por parte de la sociedad, pero necesario para lograr los cambios permanentes y autosustentables, que apunten hacia el logro de la unidad nacional necesaria, para resistir los embates imperialistas permanentes, contra la soberanía nacional y continuar la escabrosa ruta de recuperarla, luego del grave descalabro sufrido el 3 de enero pasado. Sería contrario a la cordura no apoyar la instrumentación de este proceso con todas nuestras fuerzas, sin que ello nos convierta en simples aplaudidores acríticos, incapaces de percatarse de las desviaciones que en todos estos casos usualmente aparecen, o de las hipocresías que quienes detentan el poder utilicen en aras de mantenerse en el mismo. No nos podemos olvidar que, al igual que ha ocurrido históricamente en muchas regiones de nuestro globo terráqueo, la conducción de las rectificaciones políticas recae en buena parte en quienes fueron copartícipes de los desastres a ser corregidos. Estar atentos entonces no es ningún pecado.
Y mucho menos olvidamos, que el gobierno legal y legítimo de Delcy Rodríguez está sometido a presiones enormes y a limitaciones que están más allá de su deseos y posibilidades. Es de un cinismo criminal aberrante y desvergonzado haber pedido sanciones e invasión y hoy acusar al gobierno resultante de aquellas acciones, de “tutelado” y de incumplir las demandas que se le hacen. Con esta gente hipócrita no se puede ir ni a misa. Prohibido olvidar.
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